Violencia sexual – Protección. Medidas políticas, jurídicas y regulatorias

• Adoptar una política amplia y multidisciplinaria sobre la violencia sexual en los conflictos armados y en otras situaciones de emergencia que abarque la acción preventiva y estrategias sobre la reducción de los riesgos y la protección, incluso en los entornos de detención. La política debería abordar las causas y las consecuencias de la violencia sexual e incluir tanto el apoyo médico y psicosocial que oportunamente debe ofrecerse a las víctimas como iniciativas que promuevan la reintegración de las víctimas en la sociedad.
• Legislar sobre la prohibición absoluta de la violencia sexual en los conflictos armados y en otras situaciones de emergencia y asegurarse de que las leyes contengan los siguientes elementos: una definición neutral respecto del género que cubra a todos los posibles autores (sea cual fuere su condición o la de sus víctimas); todas las formas de participación; la exclusión de la posibilidad de asignar amnistías, indultos o medidas similares; todos los criterios de competencia judicial y la exclusión de la posibilidad de invocar como defensa la obediencia a órdenes superiores.
• Promulgar leyes sobre la represión efectiva de la violencia sexual en los conflictos armados y en otras situaciones de emergencia, junto con sanciones verdaderamente disuasorias.
• Promulgar o enmendar leyes sobre la protección de testigos de manera que incluyan medidas de protección en favor de las víctimas y de los testigos de violencia sexual, prestando especial atención a la manifestación de su consentimiento, la preservación de la confidencialidad y su derecho a la intimidad.
• Proteger a los trabajadores de salud, a los defensores y los activistas de derechos humanos y a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la prevención de la violencia sexual y en la intervención ante esta en los conflictos armados y en otras situaciones de emergencia, y asegurarse de que estos pueden trabajar en condiciones de seguridad.

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